En respuesta a las urgencias

Ante la postergación de la reforma de la LES, la presidenta de la Comisión de Educación de Diputados impulsa dos proyectos para prohibir el arancelamiento y para garantizar becas, comedores y otros beneficios para los estudiantes.

La postergada reforma de la Ley de Educación Superior (LES), la única norma educativa que continúa vigente desde el menemismo, no será abordada por el Congreso este año. “La mayoría de los diputados estamos de acuerdo en que es necesario un nuevo sistema de educación superior, pero la coyuntura electoral no ofrece las mejores condiciones para consensuarlo”, dice la diputada Adriana Puiggrós (FpV), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja. “El problema son las urgencias, que no pueden esperar”, advierte. Con esa idea, presentó dos proyectos que apuntan a principios críticos o sensibles. El primero considera la educación universitaria como un bien social y cierra la posibilidad de arancelarla, abierta por la ley sancionada en 1995. El segundo proyecto impulsa un paquete de beneficios para la permanencia y el bienestar de los estudiantes. Cosa que la ley vigente no garantiza.

“La problemática de la Ley de Educación Superior viene a cerrar un ciclo de reformas necesarias, un ciclo que empezó con las otras leyes sobre educación que se sancionaron desde 2003”, amplía Puiggrós, en diálogo con Página/12. Se refiere a las leyes de Educación Técnico Profesional, de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional, que dan base, en palabras de la diputada, a la modificación que ahora busca. Reafirmar que la educación superior no es un bien transable, sino que es un bien social, público y gratuito, y garantizar un paquete de beneficios, es decir, becas, comedores, albergues, entre otros, para la protección de los estudiantes, son las caras de los dos proyectos que Puiggrós busca debatir en los próximos días en la Comisión de Educación.

Los dos nuevos proyectos proponen:

- El carácter libre y gratuito de la enseñanza de grado, que fija la prohibición de imprimirle cualquier tipo de gravamen –actualmente, varias universidades aplican aranceles–.

- La garantía de la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso de la educación superior, para quienes hayan terminado sus estudios secundarios y así lo requieran.

- La libertad de asociación en centros y federaciones de estudiantes, y de participación en el gobierno de la instituciones.

- El acceso a subsidios, comedores, residencias, guarderías infantiles, bibliotecas, campos de deporte. Así como el acceso a orientación profesional y laboral.

- Que los edificios de las instituciones educativas respondan a normas de seguridad, higiene y funcionalidad del espacio.

- La derogación de los artículos 13 y 14 de la ley 24.521 (LES), referidos a derechos y obligaciones de los estudiantes.

“Estos proyectos –agrega la diputada Puiggrós– podrían complementarse con el proyecto de ley de boleto estudiantil, que moviliza a muchas agrupaciones universitarias”, y cuyo texto se encuentra ahora en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Su objetivo central es dar una respuesta definitiva a la problemática del transporte para los estudiantes, y facilitar el acceso a las instituciones educativas de todos los niveles. Este proyecto propone establecer:

- La gratuidad del transporte urbano para estudiantes de niveles de escolaridad obligatoria.

- El descuento del 50 por ciento del valor del boleto vigente a estudiantes terciarios o universitarios.

- El derecho de estudiantes de niveles inicial y primario a viajar acompañados por un mayor de edad, que pagará la mitad del valor del boleto mínimo vigente.

Desde 2008, la Comisión de Educación de Diputados puso en marcha un programa de consultas para conocer las distintas opiniones que la comunidad educativa pudiera tener de cara a una nueva LES, que es el objetivo final de la diputada Puiggrós. Se abrieron más de 90 encuentros y jornadas de debate, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Chubut. De los planteos realizados por los principales actores, los consejos de rectores (CIN y CRUP), federaciones de alumnos y docentes (FUA, Conadu, Conadu Histórica, Fedun), los trabajadores no docentes (Fatun), organizaciones sociales, barriales e intelectuales, la comisión extrajo algunas conclusiones: la educación es un bien social y no un bien de mercado; las instituciones universitarias deben tener autonomía y autarquía; hacen falta más becas destinadas a estudiantes; debe establecerse un sistema de créditos académicos que reconozca las sucesivas etapas de las carreras cursadas. En fin, temas y argumentos que todavía esperan un debate legislativo.

Informe: Agustín Saavedra. de Página 12

Estudio sobre el rol de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES)

Les recomendamos la lectura del artículo de Giselle González publicado en el último número de la Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), titulado “La territorialización de las políticas públicas en Argentina. Un estudio acerca del CPRES en el área metropolitana”.

El trabajo describe la función normativa y el rol efectivo del Consejo de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES), desde la sanción de la Ley 24.521/95 hasta 2010. En particular, se describe cómo se piensa al CPRES en el marco de la implementación de la Ley, qué modelo de gestión se esperaba instalar con su incorporación y cuál se puso en funcionamiento finalmente.

El artículo examina el área metropolitana (ciudad de Buenos Aires y alrededores) porque reúne a la mayoría de los representantes de las universidades nacionales con mayor tamaño y tradición, las universidades privadas y los institutos de educación superior no universitaria (IESNU).

La autora analiza fuentes documentales y entrevistas en profundidad a informantes clave del ámbito académico, técnicos y políticos que participaron en el Programa de Reforma de la Educación Superior, iniciado en 1995.

Entre las conclusiones más relevantes, se muestra que el CPRES se constituye como una estructura de autoridad de nivel intermedio con capacidad jurídico-institucional para planificar, coordinar, y regular los procesos de implementación de las políticas en el marco de un contexto sistémico complejo y de alta diferenciación institucional. Sin embargo, aun no logran constituirse como efectivas autoridades de implementación.

El artículo completo puede descargarse de este link.

II Congreso Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología

Entre el 6 y el 10 de junio de 2011 tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca el “Segundo Congreso Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología”. El evento fue declarado de interés provincial por Resolución Nº 146 del Ministerio de Educación de la Provincia, cuenta con el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y un reconocimiento de 120 horas cátedra.

En este ámbito, se abordarán los siguientes temas:

- Comunicación social y repercusión en la sociedad actual de la educación en Ciencia y Tecnología.

- Educación en Ciencias y Tecnología con atención a la diversidad y Currículum y evaluación escolar y enfoques emergentes de educación en Ciencia y Tecnología.

- Dinámica de la enseñanza y aprendizaje y su relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Procesos de Evaluación y Acreditación de las Universidades argentinas y su vinculación con la educación en Ciencia y Tecnología; y obstáculos y dificultades en el aprendizaje en estas áreas.

La convocatoria está dirigida a docentes de las áreas de Química, Física, Biología, Ciencias Naturales, Matemática, Computación y Tecnología; de los niveles Inicial, EGB, Polimodal y superior y alumnos de los niveles superior terciario y universitario.

Durante el congreso disertarán investigadores de renombre nacional e internacional  tales como: Dr. Ángel Díaz Barriga, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Oscar Tamayo, Universidad de Caldas, Colombia; Dr. Agustín Adúris Bravo, Universidad Nacional de Buenos Aires; Dra. Julia Salinas, Universidad Nacional de Tucumán; Dra. Mabel Rodríguez, Universidad Nacional General Sarmiento; Dr. Juan Eduardo Nápoles, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia; Dr. Juan Carlos Tedesco, Director de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina, Presidencia de la Nación; Dr. Diego Colombeck, Universidad Nacional de Quilmes; Dra. Lidia Galagovsky, Universidad de Buenos Aires; Dra. Graciela Utges, Universidad Nacional de Rosario; Dra. Elsa Mienardi, Universidad de Buenos Aires; Dra. Graciela Merino, Universidad Nacional de La Plata y Dra. María Paula González, Universidad Nacional del Sur.

Más información en este link.

Debates para una mejor educación universitaria

Más de 40 rectores nacionales se reunieron en Santa Fe para discutir sobre los desafíos del sistema universitario. Presupuesto 2011, nueva ley de enseñanza superior, asimetrías en las distribuciones de fondos y el rol social de la universidad moderna, los temas de agenda.
Acá encontrarán una interesante nota publicada por el Diario El Litoral sobre el encuentro.

Regulación de nuevas universidades: aprueba 1 de cada 6 propuestas

Desde la sanción de la Ley de Educación Superior N° 24521 en 1995, el funcionamiento de nuevas instituciones universitarias de gestión privada requiere, no sólo de la autorización previa del Ministerio de Educación de la Nación para funcionar, sino también de un informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Desde el año 1996 fueron presentados 91 proyectos para la creación de instituciones universitarias, de los cuales 15 tuvieron un informe favorable, es decir, el 16% del total y, por lo tanto, pudieron comenzar a ofrecer títulos reconocidos por el ministerio. Estas nuevas instituciones (4 universidades y 11 institutos universitarios) son autorizadas provisoriamente y tienen un seguimiento constante de la CONEAU, mediante informes que deben remitir anualmente al organismo.

En 2009 tuvo autorización provisoria una institución (Instituto Universitario River Plate) mientras que en 2010 sólo fue autorizada hasta el momento la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

Luego de 6 años de funcionamiento, las instituciones autorizadas provisoriamente pueden solicitar el reconocimiento definitivo. Desde la creación de la CONEAU obtuvieron este reconocimiento 21 instituciones universitarias de gestión privada (3 institutos y 18 universidades). En 2010 sólo fue reconocida hasta ahora la Universidad Atlántida Argentina, creada en el año 1994.

En este link les ofrecemos más datos sobre cómo ha sido la regulación de nuevas instituciones universitarias desde el año 1995.

Investigación en las carreras de Medicina: qué cambió entre los dos primeros procesos de acreditación?

Las carreras de grado de Medicina fueron las primeras en ser convocadas a acreditación por parte de la CONEAU. La convocatoria fue en el año 2000 y las 24 carreras que se presentaron resultaron acreditadas, si bien 22 de ellas no cumplían con todas las pautas de calidad.

La mayoría presentaba varios déficits vinculados con el desarrollo de actividades de investigación. En particular, carecían de políticas, de estructuras de gestión, de recursos humanos y fondos asignados. Sin embargo, algunas mostraban una situación totalmente diferente, contando con actividades de investigación consolidadas y de reconocimiento internacional.

En este trabajo se presenta una descripción de la situación de las carreras de Medicina respecto al desarrollo de actividades de investigación en el año 2000 y en el año 2004 para mostrar el impacto que tuvo el proceso de acreditación. Algunas conclusiones que se obtuvieron son:

- la mayor parte de las facultades de Medicina adolecía, en el año 2000, de las condiciones mínimas que justificaran el cumplimiento de las pautas de calidad relacionadas con el desarrollo de actividades de investigación

- entre 2000 y 2004, si bien lograron avances en la institucionalización de estas actividades, no alcanzaron a consolidar la función investigación de manera de cumplir con todas las pautas de calidad definidas por el Ministerio de Educación sobre esta cuestión

El trabajo completo puede descargarse aquí.

Evaluación institucional de la calidad

La evaluación institucional “nos va a permitir mejorar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y evaluar las funciones que desempeñamos”. Además, “es un espacio de indagación de todos los actores de la universidad que implica una fuerte participación y movilización de toda comunidad, docentes, no docentes, alumnos”. Los objetivos de la evaluación son varios, entre los que se destacan el “contribuir al mejoramiento de las prácticas en las instituciones, enriquecer la toma de decisiones y mejorar la comprensión que los actores tienen de su propia institución estimulando la reflexión sobre el sentido y significado de las tareas que se realizan”. También, “generar y consolidar prácticas de evaluación permanentes que permitan clarificar y dimensionar fortalezas y debilidades, a los efectos de instalar una cultura evaluativa en el interior de la institución”.

Las frases anteriores corresponden a las opiniones que se expresan en algunas instituciones universitarias que están haciendo su proceso de evaluación institucional, por el cual ya pasaron 63 universidades e institutos universitarios, es decir, el 59% del total.

La CONEAU inició los procesos de evaluación institucional en 1997, un año después de su creación. Estos procesos constan de dos etapas, una autoevaluación y una evaluación externa, y se inician con un acuerdo entre la CONEAU y la institución universitaria que manifieste su interés por evaluarse y ser evaluada. A diferencia de los procesos de acreditación de carreras, en estos casos la CONEAU no realiza convocatorias sino que el proceso se inicia cuando la institución universitaria lo desea. La idea fundamental del proceso es que la institución analice las funciones que está desarrollando y las contraste con su propio proyecto institucional. Para poder hacer un análisis integral, la CONEAU propicia que participen de la autoevaluación todos los miembros de la comunidad académica y se adopte una perspectiva contextual e histórica.

Si bien las evaluaciones externas tienen cierto carácter voluntario, las instituciones sí están obligadas a implementar “instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento” (artículo 44 de la Ley de Educación Superior). La misma normativa establece que “las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades privadas constituidas con ese fin, en ambos casos con la participación de pares académicos de reconocida competencia”. Hasta el momento, la única agencia privada autorizada es la Fundación Argentina para la Evaluación y Acreditación Universitaria (FAPEYAU), fundada por iniciativa de 18 instituciones universitarias de gestión privada, la cual realizó las evaluaciones externas de dos universidades privadas en el año 2006.